El gobierno de México realizó este 20 de enero de 2026 la tercera entrega masiva de narcotraficantes a las autoridades de Estados Unidos, en una operación que forma parte de una estrategia bilateral de combate al crimen organizado y que refleja la complejidad política y de seguridad entre ambos países.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que 37 operadores de alto riesgo vinculados a diversos cárteles fueron trasladados a cárceles federales estadounidenses, todos bajo la condición de que no serán sentenciados a pena de muerte, conforme a un compromiso entre México y Estados Unidos.
Esta acción representa la tercera entrega de este tipo desde que inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, y eleva a 92 el total de presuntos criminales trasladados a Estados Unidos en lo que va del sexenio.
Un operativo coordinado bajo cooperación bilateral
El traslado se realizó en un operativo conjunto entre diversas dependencias gubernamentales, incluyendo la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Federal, con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para garantizar la custodia y seguridad del proceso.
Según la versión oficial, las aeronaves transportaron a las personas desde el penal del Altiplano (Cefereso Número 1), en el Estado de México, hacia diferentes instalaciones en Estados Unidos, incluyendo ciudades como Houston, San Antonio, Nueva York y Washington D.C.
El secretario Harfuch explicó que los trasladados representaban “una amenaza real para la seguridad del país” y que su retiro del sistema penitenciario mexicano busca **impedir que desde dentro de México continúen organizando actividades criminales o generando violencia”.
Quiénes son algunos de los trasladados y qué delitos enfrentan
Las autoridades han señalado que los 37 criminales enviados a Estados Unidos estaban involucrados en actividades como:
- Narcotráfico y tráfico de drogas
- Lavado de dinero
- Delincuencia organizada
- Extorsión y homicidio
Entre los nombres destacados están figuras como Ricardo González Sauceda (“El Ricky”), operador regional del Cártel del Noreste, y otras personas vinculadas con grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Beltrán Leyva y el Cártel del Pacífico, entre varios.
Además, por primera vez en este tipo de operativos fue incluida una mujer, señalada por su participación en apoyo logístico y financiero para una organización criminal.
Marco legal: Ley de Seguridad Nacional y cooperación con Estados Unidos
La entrega se efectuó bajo los mecanismos previstos en la Ley de Seguridad Nacional de México y en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos, sin recurrir al procedimiento tradicional de extradición.
Uno de los compromisos clave en este tipo de traslados es que ninguno de los traslados enfrentará la pena de muerte en territorio estadounidense, lo cual fue acordado por ambas partes como condición para llevar a cabo las entregas.
Tres operativos, una estrategia más amplia
Las entregas masivas de narcotraficantes no son aisladas. Desde febrero de 2025, México ha enviado grandes grupos de presuntos líderes del crimen organizado a Estados Unidos:
- Febrero de 2025: Primer traslado con 29 narcos, incluidos líderes historicados.
- Agosto de 2025: Segundo traslado con 26 presuntos criminales de alto perfil.
- Enero de 2026: La tercera entrega con 37 criminales, sumando 92 en total.
Este patrón de operaciones ha sido articulado por el gobierno con el argumento de debilitar las estructuras de los cárteles que operan tanto en México como en Estados Unidos, y responder a las demandas de cooperación de la administración estadounidense.
Repercusiones políticas y seguridad nacional
Aunque el operativo se presenta como una cooperación exitosa entre ambos gobiernos, también ha generado debate. Sectores de la oposición y analistas señalan que este tipo de entregas plantea interrogantes sobre la soberanía, la estrategia de combate al crimen y la autonomía del sistema de justicia mexicano.
Al mismo tiempo, funcionarios mexicanos han defendido la acción como una decisión soberana en la que México determinó, dentro de su marco legal, atender solicitudes específicas de justicia internacional con base en criterios técnicos y de seguridad nacional.
Por su parte, autoridades estadounidenses han agradecido la colaboración y han reconocido que la transferencia de estos individuos puede facilitar procesos judiciales que combatan la violencia transnacional y el tráfico de drogas.
