En un movimiento que promete cambiar el panorama de las pensiones en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una reforma al ISSSTE con la que busca corregir lo que considera un “sistema injusto” heredado del pasado. La propuesta, sin embargo, ha desatado un debate que trasciende lo técnico y entra de lleno en lo político.
¿De qué trata la reforma?
La iniciativa plantea modificaciones para mejorar el esquema de pensiones de los trabajadores del Estado, afectando a aquellos que ingresaron al servicio público después de 2007. Entre los puntos más destacados está el regreso a un sistema de beneficio definido, similar al que existía antes de la reforma de Felipe Calderón, que instauró un modelo basado en cuentas individuales.
Sheinbaum argumenta que el actual modelo ha generado precariedad para miles de trabajadores, quienes recibirán pensiones considerablemente menores a las que percibían generaciones anteriores. Según la mandataria, la nueva reforma busca restablecer un esquema que garantice jubilaciones más dignas y estables.
El dilema político
Si bien el planteamiento de Sheinbaum suena a un acto de justicia social, la propuesta ha generado reacciones divididas. Críticos aseguran que la medida es un intento de afianzar el respaldo de los burócratas y de los sindicatos de cara a futuras elecciones. Además, advierten que el cambio podría representar una presión fiscal insostenible para las finanzas públicas, obligando al gobierno a destinar mayores recursos para el pago de pensiones en detrimento de otras áreas prioritarias.
Por otro lado, los sectores afines a Morena defienden la iniciativa como un acto de reparación histórica y una medida necesaria para acabar con la incertidumbre de los trabajadores.
Lo que sigue
El debate en torno a la reforma al ISSSTE apenas comienza y promete ser un tema candente en el Congreso. Mientras los partidos de oposición analizan su postura, el oficialismo buscará acelerar la aprobación de la iniciativa. En un país donde las pensiones han sido un punto de tensión constante, la decisión que se tome impactará a millones de trabajadores y a las futuras administraciones.
¿Será esta una reforma que garantice justicia para los trabajadores del Estado o se convertirá en una estrategia política de alto costo? El tiempo lo dirá.
