En un hecho sin precedentes, las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres han iniciado campañas públicas para ser electas por voto popular como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este proceso forma parte de la reforma judicial impulsada por el gobierno actual, que busca democratizar el Poder Judicial.
El pasado 30 de marzo, las tres ministras comenzaron sus actividades proselitistas. Yasmín Esquivel arrancó su campaña en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, donde fue recibida por maestros de las secciones 32 y 36. Durante su discurso, enfatizó la necesidad de una justicia cercana a la gente y se comprometió a combatir la corrupción dentro del Poder Judicial.
Loretta Ortiz, por su parte, inició su campaña acompañada del Sindicato Mexicano de Electricistas y la Cooperativa Cruz Azul. En su intervención, destacó su experiencia en la función pública y jurisdiccional, y se autodenominó “una chulada de ministra”, resaltando el papel de las mujeres en la justicia mexicana.
Lenia Batres comenzó su campaña en el Quiosco del Centro de Tlalpan, en un evento abierto al público. Durante su discurso, criticó los privilegios de la Corte y el manejo de recursos públicos, señalando que solo el pueblo puede salvar al Poder Judicial. Batres también expresó su inconformidad con las reglas de la campaña, argumentando que no se les está dando suficiente espacio para difundir información y reunirse con la gente.
Estas campañas se desarrollan en un contexto de restricciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), que prohíbe actos masivos, financiamiento público y publicidad en medios. Los candidatos deben basarse en redes sociales y propaganda impresa para promover sus propuestas. Además, el proceso electoral se complica por la inclusión de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico y otros antecedentes cuestionables, lo que ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad.El
La elección judicial, programada para el 1 de junio de 2025, representa un cambio significativo en la forma en que se eligen a los jueces, magistrados y ministros en México. Con más de 3,000 candidatos compitiendo por 881 cargos, la participación ciudadana será clave para definir el rumbo del Poder Judicial en el país.
