La reciente reforma al Poder Judicial en México, aclamada y criticada en igual medida, se encuentra en una encrucijada legal que podría determinar el rumbo de nuestro sistema de justicia. Con un panorama lleno de amparos y acciones de inconstitucionalidad, la pregunta del millón es: ¿será posible derogar esta reforma que ya figura como parte de la Constitución?
La situación es compleja. Por un lado, expertos como el abogado constitucionalista Eduardo Andrade afirman que la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ha convertido en un acto consumado, un punto de no retorno. Según Andrade, los intentos de la jueza Nancy Juárez Salas de revertir este decreto son, en su opinión, inviable, pues carece de la atribución necesaria para someter a la presidenta Claudia Sheinbaum a un juicio por este tema.
Por el otro lado, voces como la de Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, sostienen que el mero hecho de que una norma esté publicada no la inmuniza contra impugnaciones. En su análisis, el proceso de impugnación ya está en marcha y las posibilidades de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare la inconstitucionalidad de la reforma son latentes.
¿Se tiene que cumplir a pie de la letra una Reforma una vez publicada en el #DOF?@ArturoPueblita, del @INCAM_Abogados, nos explica que 𝐍𝐎.
— JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) October 19, 2024
Lo que ocurre es el inicio de los plazos para la impugnación de las normas por diversos mecanismos…https://t.co/C9Y0TH9Kr3 pic.twitter.com/Xz4VOMpYOe
Moisés Castro Pizaña, abogado penalista, advierte que la situación actual refleja una crisis constitucional, provocada por lo que él describe como la “soberbia” del gobierno. Esta crisis no solo afecta a la estructura del Poder Judicial, sino que también pone en riesgo los derechos humanos y las libertades fundamentales de la ciudadanía.
La SCJN, bajo la dirección del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se encuentra ahora en la posición de evaluar las acciones en contra de la reforma. A pesar de que algunos partidos políticos han solicitado suspensiones para evitar la implementación de la reforma, el ministro ha decidido no concederlas, lo que añade más tensión al escenario.
Mientras tanto, Morena y sus aliados están en una carrera por “blindar” esta reforma, buscando asegurarse de que no pueda ser revertida por el máximo órgano judicial del país. Este tira y afloja entre diferentes poderes y sectores de la sociedad pone de relieve un dilema crucial: ¿puede un decreto, por más respaldado que esté, realmente ser inquebrantable ante el cuestionamiento de la oposición y de la sociedad civil?
La respuesta a esta pregunta no solo definirá el futuro del Poder Judicial en México, sino que también podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. En tiempos de crisis, la justicia y el respeto a la ley son fundamentales. Solo el tiempo dirá si esta reforma es el ancla de un cambio necesario o el principio de un conflicto aún mayor.
