En un giro inesperado que sacude los cimientos políticos de Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se encuentra en el epicentro de una tormenta internacional. La revocación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos ha destapado una serie de acusaciones que la vinculan con presuntas actividades ilícitas, desde lavado de dinero hasta nexos con el narcotráfico.
Una visa revocada y muchas preguntas
El Departamento de Estado de EE.UU. ha retirado la visa a Marina del Pilar y a su esposo, Carlos Torres Torres, exfuncionario panista y actual coordinador de proyectos estratégicos en su administración. Aunque oficialmente se ha manejado como una medida administrativa, diversas investigaciones periodísticas sugieren que la decisión está relacionada con presuntas investigaciones por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
Acusaciones que cruzan fronteras
Según reportes, la pareja estaría siendo investigada por su presunta participación en una red de lavado de dinero que involucra a funcionarios de Baja California, empresarios y al grupo criminal «Los Rusos», un brazo armado del Cártel de Sinaloa. Además, se les señala de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según acusaciones del exgobernador Jaime Bonilla.
La situación se complica aún más con la aparición de narcomantas en Mexicali y otras zonas del estado, en las que se acusa a la gobernadora y a altos mandos de su administración de tener vínculos con el crimen organizado.
El impacto en la administración estatal
La revocación de la visa a la mandataria limita su capacidad de gestionar relaciones binacionales con EE.UU., afectando proyectos económicos y turísticos importantes. Además, la presencia activa de Carlos Torres en la administración estatal ha generado críticas hacia la gobernadora, especialmente por su cercanía con personajes bajo sospecha y la detención de búsquedas en zonas de fosas clandestinas.
Reacciones desde la presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado la falta de transparencia en las decisiones sobre visas y se enfrenta a un dilema político ante la creciente presión de EE.UU., mientras intenta mantenerse firme en su postura nacionalista y colaborativa en la lucha contra el narcotráfico.
¿Qué sigue para Marina del Pilar?
Mientras las investigaciones continúan, la gobernadora ha negado rotundamente las acusaciones en su contra, calificándolas de infundios y ataques políticos. Sin embargo, la creciente presión internacional y las críticas internas podrían poner en jaque su administración y su futuro político.
La situación de Marina del Pilar Ávila Olmeda es un recordatorio de cómo las decisiones políticas y las acusaciones de corrupción pueden tener repercusiones que trascienden fronteras, afectando no solo a los implicados, sino también a la percepción internacional de la política mexicana.
