En México hay dos realidades cuando se habla de pensiones.
Una, la del trabajador promedio que después de décadas de labor apenas recibe entre 6 y 8 mil pesos al mes.
Y otra, la de exdirectivos, exmagistrados, exfuncionarios de empresas del Estado que cobran hasta un millón de pesos mensuales.
Esa brecha es la que la presidenta Claudia Sheinbaum decidió poner en la mesa.
Esta semana anunció que enviará una reforma constitucional para ponerle techo a las llamadas “pensiones doradas”. El mensaje es claro: ningún exfuncionario podrá jubilarse con montos que superen el límite que marque la ley bajo criterios de austeridad republicana.
🏛️ ¿Qué propone realmente?
La iniciativa busca modificar el marco constitucional para que las jubilaciones de altos mandos del sector público no puedan exceder un porcentaje del salario presidencial. En términos prácticos, se trataría de reducir pensiones que hoy están muy por encima de los 70 mil pesos mensuales.
No estamos hablando de trabajadores sindicalizados ni de empleados con contrato colectivo. El foco está en las jubilaciones de confianza: exdirectores, exconsejeros, exmandos superiores de organismos públicos y empresas productivas del Estado.
Es decir, la élite administrativa.
📊 El dato que incomoda
Durante el anuncio se exhibieron cifras que revelan el tamaño del problema: en algunas entidades públicas todavía existen jubilaciones que superan los 300 mil, 500 mil y hasta un millón de pesos al mes.
Mientras tanto, la mayoría de los mexicanos pensionados viven con ingresos que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas.
La narrativa oficial es simple: no puede haber austeridad para unos y privilegio vitalicio para otros.
⚖️ Más que ahorro, mensaje político
El gobierno calcula que el ajuste podría representar ahorros importantes al año. Pero el impacto más fuerte no es presupuestal. Es simbólico.
Recortar pensiones de lujo significa mandar una señal política: la era de los beneficios extraordinarios para la alta burocracia terminó.
Y eso tiene lectura electoral.
Estamos en el arranque del ciclo rumbo a 2027. El discurso de justicia social sigue siendo uno de los pilares del proyecto oficialista. Atacar las “pensiones doradas” fortalece esa narrativa y coloca a la oposición en una posición incómoda: defender derechos adquiridos de una minoría privilegiada no es precisamente una bandera popular.
🧠 El debate que viene
El punto fino será jurídico.
¿Puede el Estado modificar esquemas ya otorgados?
¿Se trata de eliminar privilegios o de vulnerar derechos adquiridos?
Ahí estará el verdadero campo de batalla legislativo y constitucional.
Porque si bien la medida tiene respaldo ciudadano en términos de percepción de justicia, también abre la puerta a litigios y controversias legales.
🔎 La Neta
La discusión no es solo cuánto gana un jubilado de alto rango.
La discusión es qué modelo de Estado queremos:
¿uno que mantenga beneficios extraordinarios para quienes ya estuvieron en el poder?
¿o uno que redistribuya recursos bajo el argumento de equidad?
Sheinbaum decidió entrarle al tema que ningún gobierno había querido tocar a fondo.
Ahora la pregunta es si el Congreso tendrá la misma determinación… o si las pensiones doradas seguirán brillando en silencio.
