En el debate político nacional de las últimas semanas ha resurgido un tema que articula parte importante de la agenda de reforma electoral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo: la concentración de poder por parte de Morena y la coalición que la acompaña en los principales órganos del Estado mexicano, es decir, los tres poderes de la Unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—.
La versión sintetiza no solo una realidad factual, sino también el trasfondo político de por qué la oposición critica la propuesta de reforma y por qué incluso aliados como el Partido del Trabajo (PT) han llegado a decir que “ya no hay necesidad de reformar si ya se tiene el control de los tres poderes”.
1. Poder Ejecutivo: Victoria y continuidad política
El primer paso en este proceso fue el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2024, en las que el movimiento encabezado por Morena y sus aliados se impuso con una mayoría significativa de votos populares, consolidando así el Poder Ejecutivo Federal bajo el mando de la presidenta.
Sheinbaum asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024, en un relevo histórico que además la hizo la primera mujer y primera persona judía en ocupar la jefatura del Ejecutivo en México.
Este control del Ejecutivo permitió a Morena y su coalición —formalizada electoralmente como Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— marcar la agenda política y normativa desde el gobierno federal.
2. Poder Legislativo: mayoría calificada y cierre de filas
La LXVI Legislatura de la Unión arrancó con una configuración que favoreció de manera amplia a Morena y sus aliados. En la Cámara de Diputados, la coalición oficialista consolidó una mayoría calificada —es decir, más de dos tercios de los escaños— mediante una combinación de triunfos electorales y el reparto de plurinominales.
Ese dominio coincide con los resultados de la elección legislativa de 2024, en la que Morena y sus aliados obtuvieron una mayoría significativa de diputaciones y senadurías, permitiendo articular con amplitud la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo.
En el Senado, la acumulación de escaños por parte de la coalición oficialista también ha sido notable, aunque con estructuras más complejas que requirieron negociaciones políticas para consolidar mayorías.
Este control legislativo ha facilitado la aprobación de reformas constitucionales trascendentes, entre ellas la reforma judicial de 2024, que reconfiguró el Sistema de Justicia Federal mediante la elección popular de ministros, magistrados y jueces, y que fue posible gracias a la mayoría de votos oficiales.
3. Poder Judicial: cambios estructurales y control indirecto
El tercer poder —el Judicial— también ha registrado transformaciones que refuerzan la hegemonía política del oficialismo. La reforma constitucional de 2024 habilitó la selección de magistrados y ministros por votación ciudadana, un proceso que terminó beneficiando a personas afines al movimiento gobernante y que consolidó el perfil de una Suprema Corte con mayoría afín a la Cuarta Transformación.
Así, aunque el Poder Judicial mantiene formalmente su autonomía, el nuevo esquema de designaciones y la configuración de magistraturas han sido interpretados por analistas como parte de una tendencia más amplia de fortalecimiento político de Morena en todos los espacios del Estado.
4. Críticas, legitimidad y debate público
La acumulación de poder ha generado reacciones encontradas:
- Desde sectores oficialistas se argumenta que los resultados son producto de elecciones democráticas claras y de una mayoría ciudadana que respalda la agenda de transformación.
- La oposición ha alertado sobre una tendencia a concentrar poder y debilitar pesos y contrapesos, señalando que la reforma electoral que se discute ahora pretende profundizar aún más esa acumulación y que podría “dominar todo” si se amplían las prerrogativas del partido gobernante.
Incluso figuras de partidos aliados han cuestionado la necesidad de la reforma si, a su juicio, “ya se controla Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, lo que indica que el debate no solo es interpartidista, sino también intra-coalición.
Críticos destacan que esta concentración de poder puede implicar riesgos para la división de poderes, principio básico de la Constitución mexicana que busca limitar la arbitrariedad y asegurar contrapesos institucionales.
Conclusión
La narrativa de que Morena se “apoderó” de los tres poderes de la Unión sintetiza una realidad política que ha sido construida durante el último ciclo electoral —con victorias electorales, reconfiguraciones legislativas y reformas institucionales— y que ahora alimenta la controversia en torno a la reforma electoral propuesta por la propia presidenta Sheinbaum, precisamente en un momento en que el equilibrio de fuerzas entre partidos políticos podría redefinir la competencia democrática en México rumbo a 2027.
