Narcotráfico, huachicol fiscal, un gobernador acusado por la Fiscalía de Nueva York, el NYT dedicándole una plana completa y señalamientos que salpican hasta a los hijos del expresidente. El partido que llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción enfrenta su prueba más difícil.
El epicentro: Rubén Rocha Moya
Todo arranca en Sinaloa. La Fiscalía de Nueva York acusa a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios clave del gobierno estatal — entre ellos el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y el exsecretario general de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez — de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como «Los Chapitos».
Las acusaciones no son menores: según reportes, el precio que Rocha Moya habría pagado para llegar a la gubernatura incluye 10 millones de dólares y el control del agua en la entidad — recursos entregados al crimen organizado a cambio de apoyo político. Estados Unidos ya pide su extradición.
Mientras tanto, Rocha Moya permanece en Sinaloa, sin fuero y con protección federal — una situación que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó públicamente.
El New York Times lo pone en portada
Que el caso llegara a una plana completa del New York Times no es un dato menor. El diario exhibió una red de protección y sobornos que rodea al gobernador sinaloense, poniendo el caso en el radar internacional y complicando aún más la posición diplomática de México frente a Estados Unidos en un momento de alta tensión bilateral.
El ángulo judicial: la magistrada que validó el triunfo
El caso tiene otra capa que genera preguntas incómodas. Aída Inzunza, magistrada del Tribunal Electoral, es hermana de Enrique Inzunza Cázarez — el exsecretario general de Gobierno de Sinaloa acusado por la Fiscalía de Nueva York. Fue precisamente ella quien validó el triunfo electoral de Rocha Moya. Una coincidencia que, en el contexto actual, resulta difícil de ignorar.
Los López Beltrán en el mapa
El caso Rocha Moya tiene conexiones que van más allá de Sinaloa. Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Roberto habrían recibido dinero de un exfuncionario del gobierno de Rocha Moya vinculado al narcotráfico, según investigaciones periodísticas. Son señalamientos que no tienen resolución judicial formal, pero que alimentan un patrón de señalamientos que se acumula en torno a los hijos del expresidente.
El problema más amplio: Morena bajo la lupa
El caso Rocha no es aislado. Diversos políticos de Morena han sido señalados en investigaciones o versiones periodísticas por presuntos nexos con el crimen organizado o el huachicol fiscal. Entre los más mencionados:
— Mario Delgado y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, aparecen en imágenes con Sergio Carmona, conocido como «El Rey del Huachicol», quien presuntamente habría financiado campañas políticas en el noreste del país.
— Adán Augusto López es señalado por sus nexos con Hernán Bermúdez, su exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo delictivo de la Barredora.
— Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, es mencionado en informes periodísticos con vínculos a Cárteles Unidos, aunque sin investigación formal.
— Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, ya no cuenta con visa estadounidense, aunque sin acusaciones formales presentadas hasta ahora.
— Los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, están vinculados a una red de huachicol fiscal. Uno busca asilo en Argentina; el otro fue detenido en 2025.
Es importante subrayar: en varios casos no existen acusaciones formales, los señalamientos han generado un desgaste político constante — pero no equivalen automáticamente a culpabilidad comprobada.
La respuesta del gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum ha negado algunos de los señalamientos más directos — como los vínculos de los hijos del expresidente con el huachicol — y ha dejado claro que las instituciones deben investigar y resolver cada caso. La FGR tiene expedientes abiertos en algunos de estos casos, aunque los procesos avanzan a ritmos distintos.
LA NETA:
Lo que está ocurriendo con el caso Rocha Moya — y la cadena de señalamientos que lo rodea — representa quizás el mayor desafío político que ha enfrentado Morena desde que llegó al poder: que las acusaciones de corrupción, narcovínculos y tráfico de influencias no vengan de afuera, sino de adentro.
El partido que construyó su identidad sobre el combate a la corrupción ahora tiene que responder preguntas muy incómodas sobre sus propios integrantes. Esa contradicción tiene un costo político que, a medida que los procesos judiciales avanzan — especialmente los que involucran a la justicia estadounidense — será cada vez más difícil de gestionar comunicacionalmente.
Armando la Neta no juzga ni condena a nadie sin sentencia. Pero sí dice esto: cuando el New York Times dedica una plana completa a la red de protección alrededor de un gobernador mexicano, cuando la Fiscalía de Nueva York pide extradiciones, y cuando los señalamientos tocan a figuras en múltiples niveles del partido gobernante, el tema ya no cabe en una rueda de prensa.
