Por Armando la Neta
La propuesta de reforma a la Ley de Amparo presentada por Claudia Sheinbaum —en teoría para agilizar los juicios y blindar al Estado frente a bloqueos judiciales— terminó por dividir al partido en el poder y puso sobre la mesa una discusión esencial para el futuro del juicio de amparo en México. Hoy, más que una reforma técnica, el debate refleja una grieta que va directo al corazón de la forma en que se ejerce la justicia y se protege a la ciudadanía.
1. ¿Qué propone la iniciativa de Sheinbaum?
La reforma enviada al Senado busca una serie de cambios estructurales en la Ley de Amparo, el Código Fiscal y la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con un doble objetivo: reducir los tiempos de resolución y restringir prácticas consideradas abusivas de amparo que, según el Ejecutivo, detienen obras, liberan recursos o bloquean decisiones firmes del Estado.
Las claves de la reforma
- Interés legítimo: la iniciativa introduce una nueva definición legal del “interés legítimo” que deberá acreditarse en juicios de amparo. Aunque este concepto ya ha sido interpretado por la Suprema Corte, incorporarlo directamente en la ley genera preocupación: podría estrechar quién puede impulsar un amparo.
- Suspensión del acto reclamado: propone que la suspensión, medida cautelar que detiene temporalmente el acto reclamado mientras se resuelve el juicio, no siempre sea automática. La reforma plantea que los jueces deben tomar en cuenta un equilibrio entre el posible derecho del quejoso, el interés social y el orden público.
- Límites legales a las suspensiones provisionales: en ciertos casos —por ejemplo, cuando hay revocación de permisos o concesiones, o riesgo de lavado de dinero— la suspensión provisional quedaría explícitamente prohibida. Esto, advierten críticos, podría cerrar caminos de defensa legal cuando los afectados dependen de un amparo para frenar decisiones del Estado.
Según Sheinbaum, la reforma responde a la necesidad de evitar “amparos eternos” que alargan los procesos hasta por 20 años, aún cuando hay una sentencia firme, lo cual, desde su perspectiva, socavaría la credibilidad del sistema judicial.
2. ¿Por qué causó tanto revuelo?
A. La ruptura entre Morena “legalista” y Morena “expedito”
El Senado, lejos de cerrar filas, ha revelado una tensión interna:
- Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, ha defendido la necesidad de un Parlamento Abierto para debatir la reforma, argumentando que se trata de una transformación de uno de los pilares del sistema jurídico mexicano.
- Por otro lado, Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena, descartó abrir ese tipo de foros y empujó la aprobación de la reforma bajo un esquema de “fast-track”. El riesgo, dice Corral, es que se apruebe sin debate, transparencia ni oportunidad de escuchar a quienes podrían resultar afectados.
Esa división evidencia que el debate sobre la reforma ya no es solo técnico, sino eminentemente político: ¿qué tipo de partido quiere ser Morena y qué tipo de justicia quiere construir? ¿La que avanza a toda velocidad aunque deje víctimas en el camino, o la que reconozca sus fallas y asuma los costos de democratizar el debate?
B. Críticas desde la oposición y la sociedad civil
- La senadora Lilly Téllez (PAN) acusó la reforma de Sheinbaum de ser un intento de “despojar a los ciudadanos del escudo más fuerte frente al abuso de poder” —el amparo— y advirtió que muchas personas podrían perder la única vía eficaz para impedir arbitrariedades.
- El diputado Federico Döring calificó la propuesta como una “canallada jurídica” que podría dejar a las personas sin la posibilidad de hacer efectiva una sentencia, incluso si tienen la razón. Criticó la idea de que, ante una “imposibilidad material”, un juez pueda negar el cumplimiento de una orden, aun cuando la ley lo obligue a hacerlo.
- Otros analistas han advertido que limitar las suspensiones provisionales puede dejar expuestos a colectivos o personas que enfrentan decisiones de Estado, como en casos ambientales o de salud, sin una herramienta real para detenerlas.
C. Riesgos en litigios de alto impacto
La reforma, según sus críticos, podría debilitar la capacidad de la ciudadanía para frenar obras del Estado o decisiones gubernamentales que afecten derechos colectivos, como megaproyectos, expropiaciones o servicios de salud. En casos emblemáticos —como el aeropuerto de Texcoco o el desabasto de tratamientos médicos—, el amparo ha sido una última línea de defensa. La reforma, advierten, pone en riesgo esa última tregua.
3. ¿Qué implica para la ciudadanía —y qué viene?
A. ¿Podría el juicio de amparo desaparecer como lo conocemos?
No desaparecer, pero sí cambiar de raíz. Si los límites al “interés legítimo” y las restricciones a las suspensiones se consolidan, los amparos podrían dejar de ser ese escudo efectivo para convertirse en una herramienta prácticamente inalcanzable para muchos. Las personas que quieran impugnar decisiones del gobierno podrían enfrentar una barrera legal mucho más alta: demostrar que su caso no solo tiene una causa justa, sino que no afecta el “orden público” o el “interés social”, normas ambiguas que podrían ser interpretadas de múltiples formas.
B. El reto para Morena y para Sheinbaum
La controversia no es solo legal, es política. Si Sheinbaum insiste en impulsar la reforma sin diálogo público, podría debilitar su imagen de agenda de derechos y de combate a la impunidad. Pero si cede y abre Parlamento Abierto, también se arriesga a que surjan resistencias internas y judiciales que frenen su reforma.
Esta elección le deja en claro: ¿abraza una ruta autoritaria donde la urgencia de avanzar legitima el cierre de espacios de debate, o se arriesga a reconstruir consensos y aceptar que la justicia no puede ir por encima de las voces ciudadanas?
C. Lo que debe hacer la ciudadanía
Para los habitantes de la Ciudad de México y del resto del país, el debate debería observarse de cerca, no como una pelea de tribunales, sino como una definición del tipo de país que queremos:
- Seguir de cerca el proceso legislativo y exigir que haya un Parlamento Abierto con participación de víctimas, colectivos de derechos humanos y personas afectadas por amparos históricos.
- Visibilizar casos concretos que dependen del amparo para proteger derechos: salud, vivienda, medio ambiente, megaproyectos. Preguntarse: ¿qué pasaría si ese amparo ya no fuera una herramienta viable?
- Presionar para que cualquier reforma se acompañe de medidas de reparación y garantías de acceso a la justicia, y no solo de discursos sobre la eficiencia judicial.
- Documentar y denunciar impugnaciones tardías de sentencias que ya fueron decididas, para que no se vuelva a usar la figura del amparo como un “trampolín” para eternizar los litigios.
4. ¿La reforma es una oportunidad o una trampa?
La reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum tiene argumentos legítimos: el sistema actual de amparo puede ser lento, arbitrario y susceptible de abuso incluso por parte de actores criminales que lo utilizan para frenar órdenes judiciales. Pero eso no significa que la solución sea recortar derechos fundamentales.
El problema surge cuando la urgencia de una reforma se mezcla con una lógica de control político y se convierte en un instrumento para acotar la resistencia social y judicial. La pregunta que millones de mexicanos deberían hacerse hoy es: ¿queremos un sistema de justicia eficiente, o uno eficiente para el poder?
Y mientras Morena decide por qué lado quiere verse, el juicio de amparo —esa herramienta que muchos vieron como la última línea de defensa frente al abuso del Estado— está en riesgo de transformarse en un vestigio legal de protección ciudadana que ya no sirve.
