Por Armando la Neta
En sesión del 29 de mayo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar el Código Penal capitalino para tipificar como delito los llamados “pinchazos” en espacios públicos y transporte —una clara respuesta legislativa tras más de 120 denuncias de agresiones con objetos punzocortantes
⚖️ ¿Qué establece la nueva norma?
- El delito queda definido como “lesiones con propósito de vulnerabilidad mediante instrumentos punzocortantes a bordo del transporte público”
- Penas de 2 a 5 años de prisión y multa de 50 a 300 días.
- En caso de agravantes —como uso de sustancias tóxicas, ocurrencia en transporte, involucrar grupos vulnerables o intención de cometer otro delito— la pena puede aumentar hasta 7 ½ años y multas mayores.
📉 ¿Por qué lo tipifican?
- La Fiscalía capitalina registró hasta el 28 de mayo más de 120 denuncias: 65 con lesiones verificadas y 55 sin confirmar, evocando síntomas como mareo, desorientación y pérdida de conciencia.
- Las víctimas también reportan robos tras los pinchazos.
- Con la tipificación, buscan cerrar lagunas legales que impedían sancionar agresiones sin daño físico evidente.
🗣️ Posturas legislativas
- El dictamen, impulsado por Clara Brugada y la diputada Tania Larios, tuvo 60 votos a favor y 3 en contra.
- Defensores señalaron que este tipo penal es “un avance significativo para proteger a usuarios del transporte público”.
- Críticas vinieron de Movimiento Ciudadano, que advirtió que más penas no bastan, y se requiere prevenir desde lo social y operativo .
🚨 Lo que viene: protocolo y fiscalización
- El Metro activó un protocolo de atención: paramédicos, entrevistas, exámenes toxicológicos y traslado en ERUM.
- Además, se implementarán policías encubiertos y usuarios simulados en el transporte masivo.
- Clara Brugada celebró la aprobación y consideró que representa un paso importante en seguridad y justicia.
📌 La neta desde Armando la Neta
Esta reforma no es un parche: es una respuesta legal a un fenómeno real. La tipificación es necesaria, sí, pero debe ir acompañada de aplicación efectiva, protocolos permanentes y atención a víctimas.
¿El reto? Que la norma deje de ser letra muerta y se convierta en herramienta real de protección, además de detonar una estrategia de vigilancia, prevención y denuncia ciudadana.
