El caso Mayo Zambada un año después: versiones que chocan, un FBI acusado de montar evidencias y preguntas que nadie responde
A dos años de la captura del líder del Cártel de Sinaloa, el caso se complica en lugar de aclararse. Hay un exembajador investigado, un presunto montaje del FBI, un gobernador acusado por EUA que sigue sin proceso en México y un PRI que acusa a Morena de encubrir narcopolíticos. Armando la Neta te pone al día.
El caso que no cierra
El 25 de julio de 2024, Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue capturado y trasladado a Estados Unidos. Dos años después, la mecánica de esa detención sigue siendo uno de los temas más explosivos y sin resolver de la relación México-Estados Unidos.
Esta semana el caso volvió a explotar — y lo hizo desde varios frentes simultáneos.
El presunto montaje del FBI: lo que reveló Pie de Nota
El periodista Luis Chaparro, de Pie de Nota, publicó testimonios de al menos tres exfuncionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) que participaron en las diligencias realizadas en Estados Unidos tras la captura del Mayo.
Lo que dijeron esas fuentes es grave: afirman que el FBI montó un supuesto laboratorio de evidencias para respaldar una versión de los hechos que no correspondía con la realidad.
Según los testimonios, cuando el personal mexicano llegó al lugar encontró una hoja impresa con la leyenda «laboratorio de evidencias del FBI», piezas de aeronaves viejas, objetos sin relación con el caso y artículos que ni siquiera pertenecían al avión utilizado para el traslado. Los agentes estadounidenses no realizaban análisis pericial alguno.
Las mismas fuentes señalaron que la aeronave ya había sido manipulada cuando la inspeccionaron, que no contaba con plan de vuelo y que recibieron respuestas que calificaron como improvisadas. Uno de los testimonios fue directo: «fue un laboratorio montado, improvisado por el FBI para engañar nuestras propias investigaciones» y hacer creer a las autoridades mexicanas una versión distinta de lo ocurrido.
Son testimonios periodísticos de fuentes anónimas — no declaraciones oficiales ni pruebas judiciales. Pero su peso político es innegable.
La versión que choca: la fiscal Godoy vs. los exfuncionarios
Aquí viene la primera contradicción interna del caso. La fiscal general Ernestina Godoy ha sostenido públicamente que el personal mexicano acudió a inspeccionar la aeronave en agosto de 2024 — es decir, un mes después de la captura — y que las autoridades estadounidenses limitaron su acceso, impidieron tomar fotografías y no entregaron toda la información solicitada.
Pero los exfuncionarios citados por Pie de Nota dicen algo distinto: que sí tuvieron acceso al avión desde el primer día, el 25 de julio, y que fueron recibidos por el entonces embajador Ken Salazar. Dos versiones desde el mismo lado — el mexicano — que no coinciden.
Ken Salazar: del centro de la defensa al centro de la investigación
El exembajador Ken Salazar es hoy el personaje más incómodo del caso para el gobierno mexicano. Y tiene razones para serlo desde ambos lados.
En agosto de 2024, Salazar declaró públicamente que ninguna autoridad estadounidense intervino en el traslado del Mayo: «No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos. No fue un piloto de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro.» politico
Esa versión sostuvo casi dos años. Hasta que Pie de Nota publicó un documento donde el FBI se adjudica la detención — y la presidenta Sheinbaum hizo la pregunta que está en el centro del debate: ¿quién mintió?
Salazar respondió esta semana en entrevista con N+ Univisión y mantuvo que la investigación correspondía a México, que él cooperaba con la FGR y que el fiscal Gertz tenía conocimiento del caso. Pero también reveló algo nuevo: que tras la captura del Mayo intentó comunicarse con el entonces presidente López Obrador para aclarar que EUA no participó — y que nunca obtuvo respuesta.
La FGR ya abrió una revisión sobre posibles responsabilidades del exembajador. La fiscal Godoy fue clara: si se confirma que el FBI planeó, organizó y ejecutó el traslado desde territorio mexicano, podrían configurarse violaciones al derecho mexicano, al derecho internacional y a la soberanía nacional.
Sheinbaum: cooperación sí, violación de soberanía no
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura que busca equilibrar dos frentes: reconocer que Ken Salazar, según sus propias declaraciones, no tenía indicios de vínculos entre AMLO y Rocha Moya con el narco — lo que de alguna manera limpia al expresidente en ese punto específico — pero al mismo tiempo exigir claridad sobre quién mintió respecto al operativo.
Su mensaje de fondo ha sido consistente: la cooperación bilateral en seguridad es bienvenida, pero debe hacerse con respeto a la soberanía y a través de mecanismos institucionales. Las acciones unilaterales, dijo, dificultan el combate al crimen organizado.
Rocha Moya: acusado en EUA, sin proceso en México
Mientras el debate se concentra en Salazar y el FBI, la figura de Rubén Rocha Moya — gobernador con licencia de Sinaloa — sigue siendo el elefante en la sala.
El Departamento de Justicia de EUA lo acusó en abril de 2026 de presuntos vínculos con Los Chapitos y presentó una solicitud de extradición. El propio Mayo Zambada, en una carta difundida tras su captura, señaló que acudió a una reunión en Culiacán porque le dijeron que estaría presente Rocha Moya — y que el encuentro terminó siendo una emboscada.
Rocha Moya niega todo. Y el gobierno federal mexicano ha manifestado su respaldo al gobernador sinaloense, señalando falta de pruebas. La FGR no ha iniciado proceso penal en su contra.
Ese contraste — Ken Salazar investigado por la FGR, Rocha Moya respaldado por el gobierno federal — no ha pasado desapercibido.
El PRI arremete: «encubren y recompensan a criminales»
La oposición no dejó pasar el momento. El PRI arremetió contra Morena con una acusación directa: que el partido gobernante está encubriendo y recompensando a narcopolíticos. La crítica apunta específicamente al caso Rocha Moya y al contraste entre la falta de acción judicial contra el gobernador sinaloense y la investigación que sí avanza contra el exembajador estadounidense.
Son señalamientos políticos de la oposición — que también tiene sus propias deudas históricas con el tema del narcotráfico — pero que articulan una pregunta que muchos ciudadanos se están haciendo: ¿por qué el mismo estándar no aplica para todos?
La neta del análisis
El caso Mayo Zambada es, a dos años de distancia, más complejo que el día que ocurrió. Y eso, en sí mismo, es una señal de que las respuestas oficiales — de ambos lados de la frontera — no han sido suficientes.
Hay demasiadas versiones contradictorias: la FGR dice que no tuvo acceso al avión desde el primer día, pero exfuncionarios de la propia FGR dicen que sí. Salazar dice que EUA no participó, pero el FBI se adjudica el operativo. El Mayo dice que Rocha Moya lo tendió una trampa, Rocha Moya lo niega y el gobierno federal lo respalda sin proceso judicial.
Lo que queda claro es esto: hay un exembajador estadounidense bajo investigación en México, hay un gobernador mexicano acusado en EUA sin proceso en su país, y hay versiones periodísticas de un presunto montaje de evidencias que nadie ha podido refutar con pruebas equivalentes.
Armando la Neta no condena ni absuelve a nadie. Pero sí dice que cuando tantas versiones chocan y tantas preguntas quedan sin respuesta, lo que México necesita no son posicionamientos políticos — son procesos judiciales transparentes que respondan con hechos, no con silencio.
