Lunes 2 de febrero de 2026 — Al término del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sacó un reporte que ha sacudido las cifras oficiales: en el último año del sexenio (2024) se detectaron más de 65 mil millones de pesos en recursos públicos que no están debidamente comprobados o aclarados. Es decir: dinero que fue ejercido, pero cuya documentación para justificar su uso está incompleta, ausente o contradictoria.
Y antes de que alguien piense que es un expediente técnico para archivarse, veamos por qué esta cifra es relevante: ese monto no solo es alto por sí mismo, sino que representa casi el 64 % de todo lo observado en los seis años de administración pasada, según datos de esta fiscalización.
Esto significa que, al cerrar el ciclo gubernamental, quedó un agujero de más de 65 mil millones de pesos con “sospecha” de irregularidad, pendiente de aclarar, explicar o incluso de posibles responsabilidades.
🧾 ¿Qué encontró la ASF?
La Auditoría entregó a la Cámara de Diputados el tercer paquete de informes de la llamada Cuenta Pública 2024, donde se desglosa que:
- Se practicaron más de 2,200 auditorías, cifra récord en el órgano fiscalizador.
- Del total observado, casi 59 mil millones están vinculados al llamado gasto federalizado —es decir, recursos que la Federación transfiere a estados y municipios para salud, educación, infraestructura y otros programas.
- Un segmento menor, pero significativo, corresponde a recursos ejercidos por el Poder Judicial, empresas públicas y dependencias federales, incluyendo sectores como salud, educación y medio ambiente, que también tienen montos por aclarar.
En términos simples: no es solo que hay cifras pendientes, sino que la mayoría de esos recursos pasaron a gobiernos estatales y municipales, donde la documentación y justificación no llegó a la ASF como debiera.
🔍 ¿Es desvío o “pendiente de aclarar”?
Aquí está el corazón del debate: la ASF no afirma que hubo un desvío definitivo de 65 mil millones, sino que no hay documentos o evidencia suficiente para comprobar el uso correcto de esos recursos. Eso deja dos caminos abiertos:
- Los entes fiscalizados (gobiernos locales, entidades y algunos federales) tienen un plazo para presentar las aclaraciones, comprobaciones o justificantes.
- Si no lo hacen o lo hacen a medias, en teoría la ASF puede convertir esas observaciones en pliegos, responsabilidades administrativas y, en casos graves, incluso en denuncias penales.
Es un espacio de incertidumbre jurídica y fiscal que, dependiendo de cómo se maneje, puede quedar como un “simple pendiente de la cuenta pública”… o como un tema de responsabilidades legales.
📊 El contexto más amplio
Para dimensionarlo mejor:
- En 2019, primer año del gobierno anterior, se detectaron más de 67 mil millones por aclarar.
- En 2020 y 2021 rondaron 60 mil millones cada año.
- En 2022 y 2023 las cifras también estuvieron en ese rango (más de 110 y más de 50 mil millones, respectivamente).
Es decir, el último año no fue una excepción, sino la continuación de una tendencia de persistentes observaciones sin aclarar. En total, según datos oficiales, el sexenio acumula más de 400 mil millones de pesos con observaciones pendientes de justificar.
Radiografía del sexenio: observaciones de la Auditoría Superior de la Federación durante el gobierno de AMLO
| Año fiscal | Monto observado (mdp) | Contexto clave |
|---|---|---|
| 2019 | ~67,000 | Primer año de gobierno; alta observación en gasto federalizado |
| 2020 | ~60,000 | Año de pandemia; reasignaciones presupuestales extraordinarias |
| 2021 | ~60,000 | Consolidación de programas sociales prioritarios |
| 2022 | ~110,000 | Uno de los años con mayores montos observados del sexenio |
| 2023 | ~50,000 | Disminución relativa, pero persistencia de observaciones |
| 2024 | 65,000+ | Último año de administración; 64% del total sexenal concentrado en este cierre |
🔎 Total acumulado del sexenio
Más de 400 mil millones de pesos con observaciones pendientes de aclaración.
📌 ¿Qué significa este cuadro?
- Las observaciones no equivalen automáticamente a desvío, pero sí representan recursos sin comprobación suficiente al momento de la auditoría.
- El patrón muestra que cada año hubo montos significativos por aclarar, sin que se erradicara el problema estructural.
- 2022 fue el pico más alto.
- 2024 concentró una proporción particularmente relevante al cierre del sexenio.
🧠 Lectura estratégica
El dato más potente no es solo el monto anual, sino la persistencia del fenómeno: seis ejercicios consecutivos con cifras elevadas. Eso abre preguntas sobre:
- Eficiencia en la fiscalización.
- Capacidad de comprobación en estados y municipios.
- Mecanismos reales de recuperación del dinero observado.
- Efectividad de las sanciones.
🧠 Lectura política y económica
Que la ASF informe estas cifras justo después del cierre del sexenio no es casualidad: la Cuenta Pública 2024 debe entregarse obligatoriamente y, por ley, la Cámara de Diputados la recibe como insumo para que otras autoridades (incluida la Fiscalía Anticorrupción ) revisen posibles responsabilidades.
Pero más allá de los tecnicismos:
- Para algunos críticos, esta avalancha de observaciones es evidencia de que no hubo control adecuado sobre el gasto público, y que el gobierno saliente dejó cuentas con más preguntas que respuestas.
- Para defensores del gobierno pasado, estos “montos por aclarar” no son pruebas de desvío, sino de un sistema de auditoría que encuentra omisiones documentales comunes en todo ejercicio de la administración pública.
Lo que sí queda claro es que este reporte abre una discusión todavía más profunda: ¿hubo falta de transparencia en los recursos transferidos a gobiernos locales? ¿Son simples omisiones administrativas o potenciales señales de mal manejo fiscal? ¿Y quién responderá por esos 65 mil millones si las aclaraciones no llegan?
📌 La Neta
Los números hablan por sí solos: más de 65 mil millones de pesos sin justificar en el cierre de una administración es un dato que cualquier analista, periodista o ciudadano debería tomarse en serio. Lo preocupante no es solo el monto, sino qué sigue después de que estos números se conocen.
¿Se tomarán medidas reales para aclarar y reparar el daño al erario?
¿Se quedarán estas cifras como simples cifras en un informe técnico?
¿O alguien terminará siendo responsable?
En un país donde la rendición de cuentas suele ser la parte más débil, este reporte puede ser una piedra en el zapato… o una oportunidad de fortalecer la cultura de la fiscalización y transparencia en México.
