El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, antaño símbolo de eficiencia y movilidad urbana, se ha convertido en un escenario recurrente de tragedias y peligros que ponen en entredicho la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de millones de usuarios.
El 16 de diciembre de 2024, un hombre perdió la vida al descender a las vías en la estación Doctores de la Línea 8, resultando electrocutado.
Este incidente se suma a una serie de eventos lamentables que evidencian la alarmante falta de medidas de seguridad en el Metro capitalino.
El 5 de diciembre, un trabajador de mantenimiento de apenas 21 años falleció al caer desde el techo de los talleres en la estación Rosario, correspondiente a las Líneas 6 y 7.
La ausencia de protocolos adecuados y la negligencia en la supervisión de las condiciones laborales resultaron en una tragedia que pudo haberse evitado.
Aún más alarmante fue el suceso del 19 de noviembre en la estación Tacubaya de la Línea 7, donde un individuo apuñaló a cuatro usuarios antes de arrojarse a las vías.
Este acto de violencia extrema no solo expone la falta de seguridad en las instalaciones, sino también la ineficacia de los sistemas de vigilancia y respuesta ante emergencias.
Estos incidentes no son casos aislados, sino parte de una preocupante tendencia que refleja la desidia y el mal manejo por parte de las autoridades responsables del STC Metro.
La falta de mantenimiento adecuado, la insuficiencia de personal capacitado y la carencia de protocolos de seguridad efectivos han convertido al Metro en una trampa mortal para trabajadores y usuarios por igual.
Es inaceptable que, en una de las metrópolis más grandes del mundo, el principal medio de transporte público opere bajo condiciones tan deplorables.
Las autoridades deben rendir cuentas y tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de todos los usuarios.
La implementación de sistemas de vigilancia eficientes, la capacitación constante del personal y el mantenimiento riguroso de las instalaciones no son opciones, sino obligaciones ineludibles.
La vida de los ciudadanos no puede seguir siendo puesta en riesgo por la incompetencia y la indiferencia de quienes ostentan la responsabilidad de velar por su seguridad.
