Por Armando la Neta
Ciudad de México, septiembre de 2025 — El huachicol fiscal ya no es solo un rumor en los pasillos de aduanas Es una trama compleja que involucró a marinos de alto rango, importadores, aduanales y empresas con sede en Monterrey. Lo peor: hay víctimas, filtraciones, corrupción institucionalizada… y una pregunta urgente para todos los capitalinos: ¿cómo nos afecta esto y por qué las autoridades no lo vieron antes?
¿Qué es el huachicol fiscal?
Para ponerlo claro: no se trata del robo de combustible en los ductos, ese del que todos hemos oído. Este se refiere al ingreso ilegal al país de combustibles refinados —gasolina y diésel— que son disfrazados como mercancías legales para evadir el IEPS (el impuesto especial sobre producción y servicios). En pocas palabras: el combustible entra “bajo otro nombre”, no se paga lo que debe, se mueve como si nada, y todos los implicados obtienen ganancias enormes.
¿Cómo operaba la red?
Aquí está el mapa del engaño (y sí, es grande):
- Desde junio de 2023, según investigaciones periodísticas y diligencias oficiales, hubo al menos 69 operaciones ilegales con un volumen aproximado de 564 millones de litros de combustible que entró al país bajo documentos alterados.
- Ruta habitual: buques partían de Houston, cargados con lo que oficialmente llamaban “aditivos para aceites lubricantes” (fracción arancelaria 38112107), pero en realidad traían diésel o gasolina. Llegaban a puertos mexicanos como Altamira o Tampico.
- Empresas importadoras mexicanas con sede en Monterrey como B-Match S.A. de C.V., Azteca Cone S.A. de C.V., Intanza S.A. de C.V., más la naviera Altamarítima S.A. de C.V. participaron en el entramado. Desde el otro extremo, la exportadora principal: Ikon Midstream LLC.
- En aduanas, el esquema se blindaba con la colaboración de mandos navales, empleados de informática, contabilidad y operación aduanera, que simulaban revisiones, modificaban pedimentos, pasaban cargas sin alertas.
Quiénes estaban al frente
- Hermanos Manuel Roberto Farías Laguna (vicealmirante) y Fernando Farías Laguna (contralmirante) son los principales señalados. Ambos tienen un parentesco político con Rafael Ojeda Durán (exsecretario de Marina).
- El buque Challenge Procyon fue un parteaguas: en marzo 2024 fue asegurado en Tampico con más de 10 millones de litros de combustible. Esa acción detonó la investigación formal que terminó con 14 detenciones entre marinos, empresarios y aduaneros.
La chispa que hizo explotar el caso
Nada tan poderoso como una “indiscreción”. Y fue precisamente una filtración lo que aceleró todo:
- En 2024, en una conversación privada entre “amigos”, Rafael Ojeda Durán habría comentado ante el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero que existían actividades sospechosas de huachicol fiscal dentro de la Marina. Pero crucial: no entregó pruebas ni nombres por escrito en ese momento.
- En julio, Semar terminó de armar un informe interno —con apoyo de la Unidad de Inteligencia Naval— donde documentaba la implicación probable de mandos navales. Ese informe fue enviado a la Fiscalía General de la República (FGR).
- Lo que terminó de poner leña al fuego fue cuando el diario Reforma publicó el sábado 6 de septiembre la noticia de la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías. Eso habría adelantado el anuncio que originalmente estaba programado con la FGR, Marina y Secretaría de Seguridad.
Consecuencias, sospechas y muertes que quedaron en el puentes
- La investigación formal ya va de lleno. Se detuvieron 14 personas; mientras un hermano de los Farías Laguna sigue prófugo.
- Hay testimonios fuertes: quien se hace llamar “Santo” (capitán Alejandro Torres Joaquín) asegura que hubo sobornos por millones de pesos para facilitar las operaciones.
- Hubo muertes extrañas: un almirante denunció irregularidades y fue asesinado en 2024; otro capitán murió en un aparente suicidio, otro en entrenamiento—casos que emergen justo cuando este entramado empieza a salir a la luz.
Lo que nos debe importar a los Méxicanos
Sí, todo esto suena como si estuviera lejísimo, ¡pero no lo está! Las consecuencias de un huachicol fiscal institucionalizado llegan hasta tu bolsillo, hasta la gasolina que compras, hasta la confianza que tienes en las instituciones. Aquí lo que nos toca mirar:
- Precio de la gasolina y tributación: cuando el Estado deja de cobrar impuestos legales (el IEPS) por cientos de millones de litros, ese ingreso perdido suele terminar siendo compensado con mayores impuestos en otros lados, más deuda, o peor infraestructura.
- Corrupción casada con poder: que haya mandos navales implicados, empresas fachada, complicidad aduanal, demuestra que el huachicol fiscal no es solo delito económico: es una grieta profunda en el diseño institucional del país.
- Seguridad institucional: muertes de denunciantes, aparentes suicidios. Esa lógica de silencio, temor y castigo, nos debe tener alerta. Si alguien dentro de la Marina o aduanas denuncia, las instituciones tienen que protegerlo y no dejarlo solo.
- Transparencia y rendición de cuentas: es urgente que Sepan quiénes autorizaron las operaciones, quiénes tramitaron los amparos que se mencionan (Andy y “Bobby” López Beltrán entre ellos), cuáles pruebas existen, y por qué han tardado tanto las agencias encargadas de justicia.
¿Qué se está haciendo y qué se debería hacer?
Lo que sabemos que se hizo:
- Semar inició una investigación interna que terminó entregando un informe a la FGR.
- Autoridades hicieron detenciones. Un vicealmirante ya fue aprehendido, otros implicados bajo proceso.
- Marina reconoció responsabilidad institucional, al menos en declaraciones públicas. Raymundo Morales, actual titular, dijo que su institución dio “el golpe de timón” para enfrentar corrupción.
Y lo que deberían hacer:
- Que la FGR publique de manera clara los avances: quiénes están detenidos, con qué pruebas, y los tiempos estimados para juicios. Que no quede todo en discursos de combate a la corrupción, sino en resultados visibles.
- Proteger a denunciantes. Quien como Fernando Rubén Guerrero Alcántar dio alertas públicas, murió en circunstancias sospechosas. Eso debe investigarse. Que nadie que denuncie quede expuesto o muerto sin justicia.
- Revisar y limpiar las aduanas y dependencias relacionadas, especialmente los mandos que han sido señalados. No solo castigar, sino depurar las áreas que permitían el huachicol fiscal.
- Que los ciudadanos exijan información: amparos que se tramitaron, nombres implicados, vínculos políticos, documentación aduanera. Con la ley de transparencia, debe ser posible.
Reflexión final
En México, donde nos preocupan las gasolinas caras, los impuestos que suben, y la corrupción que parece lejana, este caso demuestra que los hilos se unen: la impunidad en Aduanas o la Marina no es abstracta. Afecta finanzas públicas, afecta seguridad, desangra al Estado.
El huachicol fiscal es un síntoma claro de lo que sucede cuando la vigilancia institucional es débil, cuando las responsabilidades se borran, y cuando callar cuesta menos que actuar.
Los capitalinos debemos mantenernos atentos. No solo con indignación. Con exigencia. Porque si no, este tipo de redes no solo crecen, sino que se convierten en algo normal, algo que aceptamos como parte de la cotidianeidad. Y eso, amigo lector, es lo que les da poder.
