Por Armando la Neta
Ciudad de México, septiembre de 2025 — El expresidente Andrés Manuel López Obrador cimentó buena parte de su proyecto político sobre la idea de que “no somos iguales”: austeridad, cero impunidad, combatir la corrupción. Es un discurso que resonó fuerte en la sociedad Mexicana . Pero justo ahí, en la orilla de lo cotidiano, hay hechos que incomodan. Porque mientras se decía que la corrupción terminaría, los hermanos de AMLO —Pío, Martín Jesús y José Ramiro “Pepín” López Obrador— han estado envueltos en escándalos que, para muchos, contradicen ese discurso ideal. ¿Qué se sabe, qué se investiga, qué no se ha probado? Vamos a desmenuzar esta historia con lo que se ha documentado hasta ahora.
¿Quiénes son los implicados y cuáles son las acusaciones?
Los nombres que aparecen en los señalamientos son:
- Pío López Obrador
- Martín Jesús López Obrador
- José Ramiro “Pepín” López Obrador
Estos hermanos han sido vinculados, según reportes periodísticos recientes, con varios hechos que ponen en duda la consistencia del lema de transparencia de la 4T. Algunas de las acusaciones más destacadas:
- Sobres con dinero en efectivo
Se han difundido videos (e imágenes) en los que aparecen recibiendo billetes, con montos no esclarecidos. La interpretación pública: evidencia de financiamientos en efectivo de origen dudoso. - Desfalcos y fraudes presuntos
Hay acusaciones relacionadas con movimientos irregulares de dinero, pagos sin respaldo claro, facturas cuestionadas, contratos opacos. Nada definitivo hasta ahora, pero con suficientes señales para que partidos, medios y la sociedad exijan investigaciones. - Presuntos nexos criminales
En algunas de las denuncias, los nombres de los hermanos aparecen en contextos ligados al huachicol, tráfico de combustible, y redes con aduanas y autoridades fiscales. Tampoco se ha acreditado judicialmente todo, pero hay suficientes datos para que el tema ya no sea mera especulación.
Lo que falta: pruebas, procesos y claridad
Antes de sacar conclusiones, es clave tener presente que:
- No todo lo que se dice está probado. Muchas acusaciones están basadas en videos, filtraciones, declaraciones periodísticas; pocos casos tienen sentencias o juicios concluidos.
- Negaciones públicas. Los implicados han negado en múltiples ocasiones haber recibido dinero de procedencia ilícita, o de solicitar amparos para evadir responsabilidades. Hay comunicados oficiales que lo mismo demandan que se investigue el origen de las acusaciones.
- Amparos y blindajes legales. En algunos casos se ha mencionado que se han promovido recursos legales (amparos) que podrían evitar detenciones futuras. Esto no equivale a culpabilidad, pero abre el debate sobre cómo funciona la justicia para quienes tienen influencia política.
¿Por qué todo esto importa para los Méxicanos?
Porque este tipo de casos trastoca más que al círculo íntimo del poder; tiene impactos reales en lo que todos vivimos:
- Confianza en el Estado: Cuando quienes deben servir al interés público se ven señalados por desfalcos o actos dudosos, la gente pierde fe en que las reglas sean iguales para todos.
- Recursos públicos: Si hay irregularidades en contratos, pagos, evasión fiscal o financiamiento no declarado, eso significa menos dinero para lo que sí importa: salud, transporte, educación, seguridad.
- Justicia selectiva? Las demoras, las negaciones o los silencios ante acusaciones podrían reforzar la idea de que hay un sistema legal de dos velocidades: uno para quienes tienen poder, otro para quienes no.
¿Qué se debería exigir ahora?
Para que el asunto no quede como otro escándalo pasajero, sino que se investigue con seriedad, aquí lo que se espera:
- Investigaciones independientes
Que la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación u otros organismos autónomos recojan pruebas sólidas, y no solo dependan de filtraciones mediáticas. - Transparencia total
Que existan documentos oficiales —facturas, movimientos bancarios, contratos— accesibles para revisión pública, con explicaciones sobre ingresos, gastos y decisiones. - Audiencias y rendición de cuentas
Que los implicados, si hay investigaciones en marcha, comparezcan, se les dé oportunidad de defenderse, pero también que haya consecuencias si se demuestra responsabilidad. - Protección legal y procesal
Que se respeten los derechos de los acusados, pero igual que los ciudadanos tengan claridad: ¿qué se les imputa exactamente? ¿Dónde está la prueba? ¿Cuándo empezaron los movimientos sospechosos?
Reflexión
Para quienes vivimos en la CDMX o cualquier otra ciudad mexicana, que estos señalamientos sean reales, probables o simplemente a medias, nos obliga a preguntarnos si las promesas de cambio y honestidad se están cumpliendo o siendo desafiadas por quienes están cerca del poder. No se trata de linchamientos públicos, ni de acusaciones infundadas, sino de exigir lo que cualquier ciudadano debería esperar: transparencia, justicia y responsabilidad.
Y mientras los hermanos de AMLO enfrentan acusaciones que no pueden ignorarse, queda claro que el discurso de “no somos iguales” también implica un deber: demostrar con hechos, no solo con palabras, que sí se puede gobernar distinto.
