Una reunión entre autoridades puede sonar a trámite burocrático. Pero cuando las 16 alcaldías de la CDMX y el Tribunal de Justicia Administrativa se sientan a identificar problemas comunes y proponer soluciones, el impacto puede llegar hasta el vecino que hace un trámite en su demarcación.
¿De qué se trató la reunión?
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, convocó a un encuentro entre representantes de las 16 alcaldías capitalinas y el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la CDMX, Andrés Aguilera Martínez.
Entre los asistentes estuvo el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, quien no solo participó en el encuentro sino que llegó con un antecedente concreto: Coyoacán ya firmó previamente un convenio de colaboración con ese mismo Tribunal — un paso que coloca a la demarcación un poco adelante en este proceso de coordinación.
La agenda del encuentro fue práctica y directa: identificar los puntos de coincidencia para trabajar de manera coordinada en materia administrativa, exponer los problemas más recurrentes que enfrentan las alcaldías ante el Tribunal y proponer soluciones concretas para atenderlos.
¿Por qué importa que las alcaldías y el Tribunal se coordinen?
Para entender la relevancia de esta reunión hay que entender qué hace el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX. En términos simples: es el órgano que revisa si las acciones jurídicas y legales de las autoridades — incluyendo las alcaldías — se apegan a la ley.
Cuando una alcaldía levanta una verificación a un negocio, impone una sanción, realiza un procedimiento administrativo o toma una decisión que afecta a un ciudadano, esa decisión puede ser impugnada ante el Tribunal. Y si los criterios entre la alcaldía y el Tribunal no están alineados, el resultado puede ser resoluciones inconsistentes, procedimientos que se caen, ciudadanos que quedan en indefensión o negocios que reciben sanciones mal fundamentadas.
Por eso la coordinación no es un lujo administrativo — es una condición básica para que la justicia funcione bien a nivel local.
Lo que se discutió en la mesa
Los representantes de las alcaldías pusieron sobre la mesa temas muy concretos:
✅ Verificaciones mejor coordinadas — para que los operativos sean jurídicamente sólidos y no sean revertidos por tecnicismos ✅ Medios de impugnación — cómo manejar mejor los recursos legales cuando una resolución es cuestionada ✅ Mecanismos de defensa legal para las demarcaciones ✅ Capacitación al personal especializado en materia jurídica y administrativa ✅ Atribuciones legales de las alcaldías en materia de representación jurídica
El alcalde Giovani Gutiérrez planteó algo que tiene mucho sentido en la práctica: las alcaldías necesitan ser escuchadas por el Tribunal para explicar el fundamento de sus procedimientos, de modo que las resoluciones sean más informadas y se eviten interpretaciones erróneas que afecten a cualquiera de las partes involucradas.
El compromiso del Tribunal
El Magistrado Presidente Andrés Aguilera no solo escuchó — se comprometió a seguir trabajando para que todas las alcaldías firmen convenios de colaboración similares al que ya tiene Coyoacán. Ese proceso incluirá:
— Capacitación del personal de las demarcaciones — Revisión y unificación de criterios en materia de verificación — Atención prioritaria a los casos que, por su trascendencia o tiempos legales, requieran resolución ágil
LA NETA:
Una reunión entre alcaldes y un tribunal puede parecer cosa de abogados y funcionarios. Pero sus efectos llegan directo a la calle.
Cuando los criterios jurídicos entre una alcaldía y el Tribunal están desalineados, pasan cosas concretas: un inspector levanta un acta que después se cae por mal fundamentada, un comerciante recibe una sanción que luego resulta improcedente, un vecino impugna una decisión y el proceso se alarga meses sin resolución. Todo eso tiene costo — económico, de tiempo y de confianza en las instituciones.
Que las 16 alcaldías y el Tribunal se sienten a hablar, identifiquen sus problemas comunes y acuerden mecanismos de coordinación es, en esencia, una apuesta por hacer que los trámites sean más justos, más claros y más difíciles de impugnar por razones técnicas evitables.
Coyoacán ya dio el primer paso con su convenio previo. Si el resto de las alcaldías lo siguen, el beneficio no será para los funcionarios — será para los ciudadanos que todos los días interactúan con sus demarcaciones.
