Un periodista documentó con comprobantes fiscales que una filial de Pemex pagó 22 millones de pesos al empresario conocido como «el rey del huachicol» — meses antes de que lo asesinaran. La ironía es brutal: el contrato era para combatir precisamente eso.
¿Quién es Sergio Carmona y por qué importa?
Sergio Carmona, conocido como «el rey del huachicol», obtuvo un contrato por 22 millones de pesos por parte del Gobierno Federal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Para entender el peso de ese dato hay que entender quién era Carmona. El huachicol es el robo de combustible de los ductos de Pemex — una de las pérdidas más grandes que ha enfrentado la empresa petrolera del Estado mexicano. Combatirlo fue una de las banderas más visibles del gobierno de López Obrador desde sus primeras semanas. Se desplegaron militares, se cerraron ductos, se presumieron capturas. Y en medio de todo eso, según la investigación periodística, el gobierno le dio contratos al hombre identificado como uno de los principales operadores de ese negocio ilegal.
Los documentos que lo sostienen
El periodista Raúl Olmos, en entrevista con Carmen Aristegui, dio detalles del entramado a través de su libro «Huachicol fiscal. La madre de todas las estafas». Señaló que Carmona habría obtenido contratos a través de una filial de Pemex que compró y administró 500 pipas destinadas a combatir el huachicol.
«El ‘rey del huachicol’ recibió contratos del gobierno de López Obrador justo de la empresa a la cual se le asignó la administración de las 500 pipas que se supone iban a contener el huachicol», expresó Olmos.
El remate del periodista fue directo: «AMLO contrató al rey del huachicol para combatir el huachicol.»
Lo más importante: no son afirmaciones sin respaldo. Hay documentos fiscales, los comprobantes fiscales, que demuestran que en 2021 esta empresa filial de Pemex, encargada de administrar las pipas para evitar el huachicol, le pagó al menos 22 millones de pesos al rey del huachicol. Y esto ocurrió meses antes de que lo asesinaran. Él fue asesinado en noviembre de 2021.
Los altos mandos que sabían
El caso no se queda en un empresario y un contrato. El periodista también señaló que el gobierno de López Obrador supo sobre el «huachicol fiscal» y que funcionarios de alto nivel se reunían hasta dos veces a la semana — «ahí sacaban toda la información que tenían respecto a qué puntos, qué aduanas, qué lugares». ine
Olmos calificó esto como «un acto de cinismo absoluto.»
La red que se dibuja
Entre los personajes presuntamente involucrados en la red se encontraban Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia; Amílcar Olán, empresario identificado como cercano a Andrés Manuel López Beltrán; así como referencias a Manuel Bartlett, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.
Es importante subrayar: estos son señalamientos periodísticos documentados en un libro con comprobantes fiscales. No existe hasta ahora una sentencia judicial que confirme la responsabilidad penal de ninguno de estos personajes. Pero los documentos existen, el periodista los presentó públicamente y ninguno de los señalados ha presentado una refutación documental equivalente.
El daño que se pudo evitar
El periodista enfatizó que el dinero que perdió el gobierno mexicano en recaudación de impuestos con esta red de corrupción «se pudo haber utilizado para obras, para abasto de medicinas».
Ese es el costo real de la corrupción — no es abstracto. Es hospitales sin medicamentos. Es carreteras sin construir. Es servicios que no llegaron a quienes más los necesitaban.
LA NETA:
Lo que documentó el periodista Raúl Olmos en su libro tiene una lógica perversa que resulta difícil de ignorar: el gobierno que llegó prometiendo combatir la corrupción y el huachicol habría contratado, con dinero público y a través de una filial de Pemex, al empresario identificado como el principal operador de ese negocio ilegal.
Si los comprobantes fiscales son auténticos — y hasta ahora nadie los ha desmentido con documentos equivalentes — estamos ante uno de los casos más irónicas y graves de presunta corrupción documentada en el sexenio pasado.
Armando la Neta no condena ni absuelve a nadie. Eso es trabajo de los jueces. Pero sí dice esto: cuando hay comprobantes fiscales, nombres concretos y una investigación periodística seria que nadie ha podido refutar, las preguntas que esos documentos generan merecen respuestas institucionales — no silencio.
El lector tiene los datos. El criterio es suyo.
